situaciones de esa naturaleza no representan el funcionamiento institucional que pretende la Legislatura.

Respecto de las denuncias sobre supuestos retiros de bolsos desde la Presidencia del cuerpo o la Casa de Gobierno, Acevedo fue categórico. Aseguró que no tiene constancia de hechos de esa naturaleza, negó que durante su gestión se hayan producido esas maniobras y afirmó que nadie retiró elementos de esas características.

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo señaló que se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el incidente y sostuvo que únicamente conocía lo sucedido por las publicaciones periodísticas, razón por la cual evitó emitir una opinión sobre el fondo del conflicto.

El vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, advirtió que episodios de estas características no deben repetirse y remarcó que cualquier legislador que considere tener pruebas sobre la comisión de un delito debe recurrir a la Justicia y no limitarse a formular acusaciones durante el debate parlamentario.

En el mismo sentido se expresó el legislador Agustín Romano Norri, quien consideró que el episodio perjudica la imagen institucional de la Legislatura. Si bien calificó de desafortunadas las afirmaciones de Cobos sobre los supuestos bolsos, sostuvo que ningún desacuerdo político justifica amenazas o agresiones físicas y opinó que, de existir indicios de un delito, corresponde que intervenga la Justicia.

También el ex defensor del Pueblo Fernando Juri Debo lamentó el enfrentamiento y consideró que la conducción de la Cámara debería adoptar medidas frente a lo ocurrido. A su criterio, si existen versiones sobre hechos irregulares deben ser esclarecidas, aunque remarcó que nunca observó personalmente el retiro de bolsos al que hizo referencia Cobos. Además, atribuyó parte del conflicto a la inexperiencia política del legislador oficialista frente a la experiencia parlamentaria de Bussi.

El apoderado de La Libertad Avanza en Tucumán, Matías Sabaté, calificó la situación como de extrema gravedad y sostuvo que las acusaciones afectan la imagen institucional de la provincia. Consideró que, si algún legislador posee información sobre un posible delito, tiene la obligación de denunciarlo formalmente, al tiempo que opinó que la Justicia debería evaluar una investigación de oficio para determinar si existen elementos que respalden las denuncias formuladas durante el debate legislativo.